Desde hace dos años, el sector de granos ha percibido un incremento en el volumen de productos que ingresan de contrabando al país, especialmente maíz amarillo y harina de soya, el cual se estima en un monto promedio de Q200 millones anuales, lo cual se traduciría en una evasión fiscal de aproximadamente Q24 millones en el Impuesto de Valor Agregado (IVA), según estimaciones del sector.
El maíz amarillo y harina de soya para consumo animal (ambos producidos en Estados Unidos), son importados en Honduras, o bien el maíz amarillo producido en Belice, posteriormente ingresan a Guatemala sin ningún control sanitario y sin el cumplimiento tributario establecido por las autoridades.
La mayor incidencia del contrabando de granos se reporta en el oriente y norte del país, principalmente en los departamentos de Petén, Izabal, Chiquimula y Zacapa y con menor presencia en Jalapa, Jutiapa, El Progreso y Baja Verapaz.
Como consecuencia de esta problemática también se ha originado un incremento en la competencia desleal en el sector, lo cual se traduce en menores volúmenes de comercialización del producto legal y de buena calidad.
“Nos preocupa que este producto que ingresa no tenga controles fitosanitarios y, por lo tanto, pueda tener un efecto dañino en la salud y facilite la existencia de plagas que actualmente no se encuentran en nuestro país” explica Axel Romero, gerente de gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de Cámara de Industria de Guatemala (CODECOF). El trabajo de la CODECOF es representar a los sectores más afectados por el comercio ilícito, proponer acciones para su prevención y propiciar una participación interinstitucional más activa para contrarrestar este delito.
Para el sector de granos es importante que las autoridades mejoren el control de las fronteras en las áreas de mayor impacto y realicen una exhaustiva revisión a los camiones que transportan este tipo de productos para corroborar que cuenten con la documentación que certifique su legalidad.
Según Romero, también es importante mejorar la coordinación interinstitucional con autoridades de Honduras y Belice para contrarrestar este delito y crear conciencia en la población para que no compren ni utilicen estos productos.
